Nuestro artículo del viernes 27 de marzo en la edición de fin de semana de Americaeconomica.com

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Año X - Madrid, viernes 27 de marzo de 2009

Opinión

EL NUEVO MODO

Diez propuestas para el análisis
Santiago José Guevara García (Valencia, Venezuela)

Esta semana, luego de las medidas “anticrisis” del Gobierno venezolano, sometimos a la consideración de la sociedad nacional, un nuevo manifiesto del Equipo del “Plan Especial Anti Crisis para Venezuela”. Aún preliminar, recogiendo opiniones, circula en la Web.
El texto incluye algunas sugerencias para el análisis, que proponemos a todos ustedes, relativas a la lista de medidas:

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  La comparación, en términos de costos, de la opción de financiar –ahora- con deuda interna, versus la de haber financiado -en octubre- con deuda externa (incluidos los programas anticrisis de los multilaterales o emisiones denominadas en dólares), introduce un costo a la sociedad en diversos ámbitos. Es el costo del retardo, sólo por evitar los daños políticos en el referéndum del 15F. Por lo demás, la emisión en moneda extranjera tenía el mérito de servir de medio de contención inflacionaria, que no existe con la emisión de deuda interna.


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  El cotejo entre recortes en gastos militares, ayudas externas e introducción de medidas anti corrupción y el recurso al IVA, define situaciones regresivas, impulso a la inflación y limitación de gastos e inversiones de familias y empresas, por la vía de un desplazamiento de recursos a las nuevas obligaciones tributarias. Eso se pudo –y se puede- evitar.


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  Las implicaciones en costos y riesgos financieros (alzas de tasas de interés, por crowding-out, o rentabilidad y liquidez del sistema bancario, por administración y control oficial de las variables financieras), definen un impulso adicional a la inflación y a la vulnerabilidad del sistema financiero y económico. Las medidas deben ser evaluadas con relación al grado de monetización de la economía y la profundidad del mercado financiero. Ahí podría haber un nuevo frente de la crisis nacional.


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  Los efectos inflacionarios conjuntos del alza de la alícuota del IVA, la posible alza de intereses y el aumento salarial, junto con la ausencia de medidas de contención inflacionaria, marcan un escenario de alzas de precios muy distintos a la presunta baja anunciada por el gobierno. Eso significa más empobrecimiento, sobre todo a los más pobres, y limitaciones a la inversión y la producción.


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  Lo repetitivo y fuera de contexto de un plan de inversiones de 225 mil millones de dólares, ya conocido en discurso en la Asamblea Nacional el 15 de enero. Ese plan no incluye, en ninguna parte, su modo de financiamiento, afectado por severos problemas de viabilidad, desde el mismo momento que exige, en promedio, entre 45.000 y 56.000 millones de dólares por año, muy por encima de los ingresos petroleros de este año y del promedio previsible en el corto plazo.


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  La ausencia de medidas de relanzamiento de la economía real, distintas al errado y sólo proclamado camino del capitalismo de estado, las diversas fórmulas de producción socialista -demostradamente fracasadas- y la nueva modalidad de un supuesto empresariado nacionalista y socialista, realmente oportunistas rent-seekers. Esta es una situación de implicaciones graves sobre el bienestar actual e inmediato y el futuro del país.


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  El destiempo de las supuestas alzas de salarios, adelantadas sólo para presumir de interés por los trabajadores; realmente, de acuerdo al conocimiento económico establecido en América Latina, un ajuste regresivo, en vez de expansivo, del orden, en el momento actual, de cerca del 66%, y proyectado a septiembre de este año, del 33% del salario real. Este es un tema de alto valor simbólico respecto a la intención del ajuste: se está castigando más a los trabajadores que al gasto gubernamental. Por lo demás, el fraccionamiento del alza hace presumir el cálculo gubernamental respecto a la introducción, hacia septiembre, de nuevas medidas impopulares.


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  La ausencia de una política de contención inflacionaria, mal crónico del gobierno nacional, canal para una permanente extracción empobrecedora de recursos de los presupuestos familiares; sobre todo, de los más pobres, afectados por el diferencial de las variaciones de precios de la canasta alimentaria.


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  El ajuste del gasto público es muy superior al proclamado. Debe calcularse con base en el gasto efectivamente ejecutado y no en el inicialmente aprobado. La decisión castiga a los funcionarios y no al gasto dispendioso y el proyecto político y geopolítico del presidente.


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  Sobre el mismo aspecto, debe partirse de reconocer la realidad “presupuestaria” del presidente: dispone del presupuesto constitucional y legalmente previsto, más los diversos fondos parapresupuestarios y partidas furtivas, que adolecen de controles muy laxos o ninguno. Sobre ellos, de magnitud considerable, el presidente mantiene absoluta libertad de uso.

Estamos abocados a un seguimiento y elaboración continuos de cara a lo problemático del tema económico nacional. Creemos que el problema es político y estratégico y de toda la sociedad nacional. La mayor suma de adhesiones y conquista de voluntades populares a través de nuestras actuaciones son el quid del asunto. Los venezolanos deben ser convencidos de lo negativo de los efectos de la conducción económica oficial. El logro de una “masa crítica” de opiniones al respecto es nuestro cometido principal.